Las empresas públicas que podrían ser privatizadas o puestas a concesión con la Ley Bases, aprobada anoche en el Senado, son Energía Argentina, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales.
Por su parte, la Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) solo pueden volverse mixtas con control del Estado.
En la última modificación realizada en la Cámara de Senadores se estipuló que Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y los medios públicos estén excluidos y no puedan ser privatizados. Este texto deberá ser validado en la Cámara de Diputados.
Ya en el paso de la Ley Bases por Diputados, se había excluido al Banco Nación y todo su universo de empresas concatenadas, además de ARSAT. Esta vez, en el plenario de comisiones, los libertarios se mantuvieron firmes en no quitar más firmas de la nómina. Pero sumaron cambios en el recinto, en el arranque de la sesión.
Además se concedió ampliar de 30 a 120 días el plazo para que la Auditoría General de la Nación remita al Congreso un informe sobre el proceso de privatización de cada una de las empresas. Esta exigencia figura en el artículo 14 del texto que esperan rubricar como dictamen de mayoría. El examen de la AGN deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 14 de la ley 23.696.
¿Qué atribuciones le da la ley de Bases al Gobierno?
El proyecto de la Ley Bases incluye un paquete de medidas que abarcan desde la delegación de poderes al Ejecutivo, privatizaciones y concesiones de empresas estatales, la derogación de la moratoria previsional, ajustes en el impuesto a las ganancias y el monotributo, la disolución de organismos públicos, intervenciones, fondos fiduciarios y la reforma laboral, entre otros. El pilar de este proyecto radica en la concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, para lo cual se propone declarar la emergencia pública en los ámbitos administrativo, económico, financiero y energético por el plazo de un año
Desregulación del Estado
Esta nueva versión de la ley de Bases limitó la capacidad del Ejecutivo para disolver organismos públicos, incorporando 15 entes e institutos que no podrán ser disueltos, incluyendo el CONICET, el Laboratorio Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, el INCUCAI, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
