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La Justicia declaró la inconstitucionalidad de la desregulación de precios en la medicina prepaga

Las empresas de medicina prepaga estaban autorizadas a aumentar sus cuotas sin ningún tope.

Viernes, 16 de agosto de 2024 a las 17 52,

Por Sofía Garcea

Viernes, 16 de agosto de 2024 a las 17 52,

La Cámara Federal de apelaciones de Paraná declaró la inconstitucionalidad de la desregulación de precios de las prepagas establecida por los arts. 267 y 269 del Decreto 70/2023 y, por lo tanto, dejó sin efecto los aumentos de las cuotas de los planes fijados por OSDE a partir de enero de este año.

Según informó el periodista Juan Pablo Marino, "El Dr. Manuel Luaces, Magister en Justicia Constitucional por la Universidad de Bolonia aseguró que 'con esta declaración de inconstitucionalidad del decreto, la Superintendencia de Servicios de Salud recobra su legitimidad para autorizar el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos´".

"Además, podrán establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación según franjas etarias con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria”, explicó Luaces.

También sostuvo que "es una buena noticia para los usuarios de prepagas y es un golpe para la pretensión del gobierno nacional de desregular el mercado de medicina prepaga a través de un decreto”.

Las prepagas tenían vía libre para aumentar las cuotas

En junio de este año, por pedido del Gobierno nacional, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) retiró de la Justicia, la medida cautelar que había interpuesto en contra de la cartelización de las empresas de medicina prepagas, y a partir del mes de julio nuevamente tendrán vía libre para aumentar los montos de las cuotas.

La decisión en ese momento del Ejecutivo, se dio debido a los aumentos desproporcionados de las cuotas que golpearon de lleno el bolsillo de la clase media. Luego de una negociación con las empresas, el ministro de Economía, Luis Caputo había dado a conocer un acuerdo para que se retrotraigan los precios y devuelvan parte del aumento que estaba por fuera del índice de precios y salarios. 

Sin embargo, con este nuevo acuerdo entre el Gobierno y las empresas, ahora podrán ejecutar nuevos aumentos, sin ningún tipo de control, lo que volvió a perjudicar al público usuario.

La demanda de la Coalición Cívica

La demanda por "cartelización" había sido interpuesta por la Coalición Cívica, y fue ratificada en una audiencia del 28 de mayo, ante el juez federal Juan Rafael Stinco. Ahora la CNDC, impulsa que la medida cautelar emanada de dicha demanda sea levantada y por lo tanto quede sin efecto la restricción sobre los aumentos.

"Quieren creer que las prepagas no van a volver a formar un cartel y poner los precios por las nubes, pero no hay ninguna razón para pensar eso", denunció el legislador de la Coalición Cívica y abogado denunciante, Hernán Leyes

En sus redes sociales, Reyes agregó: "Antes de que esto sucediera pedimos una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, pero era tarde. Nos notificaron la baja de la medida cautelar. El Gobierno decidió que desde el 1o. de julio ya no haya control ni supervisión de las cuotas de las prepagas". 

En este sentido, continuó: "No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo". 

Asimismo, siguió: "Muchos por ideología piensan que hay que compartir el esfuerzo con las empresas de medicina prepaga pero, el índice salud (que mide realmente la variación de costos de la actividad médica) viene estando por debajo de la inflación desde diciembre de 2023".

El abogado consideró que las prepagas deben aumentar en relación con su estructura de costos y coherente al servicio que le dan a sus usuarios, pero al tratarse de un mercado imperfecto se debe sostener la intervención estatal en el control.

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