El arresto de Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, en Francia, trajo consigo importantes cambios en la plataforma de mensajería en términos de seguridad y privacidad.
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Durov fue detenido el mes pasado por sospechas de que Telegram estaba siendo utilizada para actividades ilegales, como tráfico de personas y transacciones criminales. Aunque fue liberado bajo fianza de 5,56 millones de dólares, la investigación sigue su curso.
El empresario, tras su arresto, sostuvo que no tenía “nada que ocultar” y que era “absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma”. Sin embargo, reconoció que el crecimiento repentino de usuarios facilitó que personas malintencionadas abusaran de Telegram.
Los datos de los usuarios de Telegram que violen normas serán expuestos
En respuesta a estas acusaciones, Telegram modificó sus políticas de privacidad. Durov anunció que la plataforma comenzará a compartir con las autoridades las direcciones IP y números de teléfono de aquellos usuarios que infrinjan las reglas, siempre que haya “solicitudes legales válidas”. Estos datos serán publicados trimestralmente en informes de transparencia.
Según Durov, Telegram también reforzó su sistema de moderación, con ayuda de inteligencia artificial, para detectar y eliminar contenido ilegal de su buscador. “La función de búsqueda en Telegram es más potente que en otras aplicaciones de mensajería porque permite a los usuarios encontrar canales públicos y bots”, señaló. Agregó que el equipo de moderadores ya eliminó varios contenidos inapropiados y pidió a los usuarios reportar cualquier irregularidad a través del bot @SearchReport.
Si bien estas medidas buscan reducir la actividad delictiva en los canales públicos de Telegram, Durov aclaró que no será posible descifrar las conversaciones privadas protegidas con cifrado de extremo a extremo, ya que la plataforma no tiene acceso a esos datos.
Por último, Telegram mencionó que previamente había bloqueado canales de grupos como Hamas y eliminado llamados a la violencia relacionados con disturbios en Reino Unido, en un esfuerzo por cumplir con sus políticas internas de seguridad.
